España negocia el rescate aunque quizá no lo utilice, porque es la condición del BCE para garantizar la compra de títulos de deuda
El retraso de la unión bancaria europea, tal como se estableció en la cumbre celebrada la semana pasada, supondrá que los cerca de 40.000 millones de euros que van a aplicarse al rescate bancario “entren en el cómputo de la deuda pública española, lo que elevaría en 4 puntos porcentuales su tamaño”; así lo señala en una entrevista la economista María Amparo Camarero Olivas, catedrática de Economía Internacional y Europea de la Universidad Jaume I de Castellón, que participó en el curso Problemas de la economía mundial: crecimiento y desequilibrios globales, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Tenerife y que concluyó ayer.
La catedrática considera que esta potencial subida de cuatro puntos de la deuda pública “es contraproducente en la actual situación económica”; mientras que de haberse creado ya la unión bancaria, la supervisión e intervención de los bancos dejaría de ser una política nacional y tendría carácter de política única de toda la Unión Europea, de forma que los fondos destinados al rescate de la banca española “no entrarían en el cómputo de las cuentas españolas, sino en las de la institución que la coordinase o ejecutase”, que podría ser directamente el Banco Central Europeo (BCE) o la entidad que este designase.
La forma que adopta la crisis en España tiene sus particularidades. En estos momentos, “el problema es de deuda soberana, es decir, de deuda pública emitida por las Administraciones Públicas”, explica Camarero, ya que el sistema financiero español no se vio tan afectado como otros por la crisis de las hipotecas basura y los activos tóxicos comercializados desde Estados Unidos.
La expresión bancaria de la crisis en España tiene su origen en la “situación delicada” de las Cajas de Ahorros. En este sentido, las fórmulas aplicadas hasta ahora han sido suficientes en este ámbito: unas entidades han sido intervenidas directamente y “el resto del sector bancario ha tenido suficiente con los avales concedidos y será posible resolver sus problemas con los 40.000 millones de euros del rescate bancario”.
Rescate, reformas estructurales y austeridad
Actualmente, el gobierno español negocia un rescate, pero “que se pida el rescate no quiere decir que se vaya a utilizar”, explica la experta. En estos momentos, España negocia esa solicitud porque “es una condición que se exige para que el BCE articule un mecanismo que garantice la compra ilimitada de todos los títulos de deuda que haya que emitir”. Así se “reduce de manera drástica el riesgo de la deuda española y, con ello, el interés a pagar”.
“La mera existencia de la posibilidad de rescate rebajaría la presión sobre España y podría, si la situación no empeora, no llegar a ser necesario recurrir a él”. Ahora bien, solicitar el rescate obliga “a tomar otras medidas de política económica que se exijan como parte del acuerdo del rescate”, que, según prevé María Amparo Camarero, serán medidas más relacionadas con “reformas estructurales” de la administración pública, de la educación o de los mercados de bienes y servicios, entre otras, que con “mayor austeridad en las cuentas públicas”.
El riesgo que corre España es que no poder “cubrir en el mercado las emisiones de bonos que se van realizando de forma periódica cuando amortizan emisiones más antiguas o cuando tienen necesidades de financiación para cubrir el déficit público”; en ese caso se produciría una suspensión de pagos. Es un riesgo poco probable ahora mismo, porque aunque el BCE “no compra bonos españoles, sí está suministrando liquidez suficiente en las subastas semanales a los bancos comerciales españoles”, que son los que están comprando los títulos de deuda emitidos por el gobierno.
El problema actual de deuda radica en el rápido incremento del déficit público español. Esto ha provocado una evolución ascendente de la deuda pública española, que pasó de representar el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2009 al 80% o más que puede alcanzar a finales de este año. La consecuencia es una “pérdida de credibilidad” que siembra la duda sobre la economía española “y su capacidad de responder a los pagos de intereses”. Es lo que hace considerar la deuda española como un activo de riesgo y el motivo de exigir mayores rentabilidades a la hora de comprarla. “Con ello hemos entrado en un círculo vicioso, pues al tener que pagar intereses más altos sube el peso de la deuda y nos acercamos a, efectivamente, acabar teniendo problemas para hacer frente al pago de intereses”.