La catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna, María del Carmen Sevilla, señala que la eliminación del cobro del diezmo significó un lastre para las arcas públicas
La catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), María del Carmen Sevilla González, aseguró que el objetivo de las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia características de las políticas liberales durante el siglo XIX español era cubrir el déficit del Estado, un lastre que arrastraba la monarquía hispana desde el siglo XVI. Sevilla explicó el proceso desamortizador en España en el marco del curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Tenerife, en colaboración con el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC).
Dirigido por Miguel Ángel Navarro Mederos, profesor de Historia de la Iglesia del ISTIC, el curso aborda la labor social de la Iglesia en Canarias durante la etapa contemporánea, desde el siglo XVIII al XX. La catedrática de la ULL destacó que “la desamortización es el proyecto político del que los liberales del siglo XIX se sienten más orgullosos”. El objetivo inmediato de estas políticas, detalló era “obtener flujo de dinero inmediato para el Estado”, que sufría “apuros económicos permanentes” desde el siglo XVI.
La desamortización “fue una obsesión” en la que en el discurso político se asociaba la deuda pública con los bienes de la Iglesia, tratando de imputar la situación de la hacienda pública a los privilegios de la Iglesia y la nobleza. Sin embargo, aunque el lenguaje político empleado para justificar o alentar las desamortizaciones está “lleno de referencias a los ahogos del tesoro” y ayuda a crear “una especie de prejuicio” al relacionar la mala situación que atraviesa el país con el buen estado de la Iglesia, tuvo más peso en el impulso de estas políticas la necesidad práctica de atender las penurias de la hacienda pública que el anticlericalismo.
Entre los antecedentes de estas políticas, Mª del Carmen Sevilla citó las autorizaciones que tanto Carlos I como Felipe II –“baluartes de la Cristiandad”- pidieron al Papado para vender bienes eclesiásticos con el fin de financiar sus guerras de religión o situaciones concretas de falta de liquidez. Igualmente, en el siglo XVII, con el mismo fin de sanear las cuentas del Estado, el Conde Duque de Olivares llegó a sugerir a Felipe IV que tanto la Iglesia como la nobleza debían pagar impuestos, otro ejemplo más de propuestas dirigidas a eliminar privilegios propios de estos estamentos del Antiguo Régimen para atender las carencias financieras del aparato estatal.
Desamortizar los bienes de la Iglesia suponía liberar para el circuito del mercado tierras, edificios y bienes muebles que hasta entonces no podían ser vendidos ni enajenados. Sin embargo, las críticas de los Ilustrados a los privilegios que durante el Antiguo Régimen permitían a la Iglesia y a la nobleza conservar sus patrimonios intactos fueron más allá de la inmovilización de las propiedades, puesto que también se criticó el privilegio de la exención de impuestos y, en el caso concreto de la Iglesia, el cobro del diezmo, como impuesto que debían pagar todos los creyentes, especialmente de las zonas rurales, y que eran administrados directamente por los obispos.
Frente a esta situación, los principios liberales de derecho a la propiedad y derecho a la igualdad chocaban con la amortización –que limitaba el acceso de los bienes al circuito mercantil- y con los privilegios fiscales, que hacían recaer el peso de la carga fiscal pública en los sectores con menor poder. La eliminación del diezmo, sin embargo, fue un “error político” importante, aseguró la experta, porque, para compensar a la Iglesia por la pérdida de sus fuentes de ingresos, los distintos gobiernos españoles llegaron a acuerdos con la Santa Sede para financiar a la Iglesia con cargo a los fondos públicos, lo que supuso un nuevo lastre para sus presupuestos.
Para la Iglesia, la desamortización supuso la pérdida de sus rentas e ingresos. Pero las medidas tuvieron más consecuencias en la estructura social. En Canarias, hubo muchos compradores pertenecientes al clero que eran miembros de las familias más ricas de las Islas. Sevilla apuntó que probablemente estos compradores directos actuaran como testaferros de sus familias, facilitando así la concentración de las propiedades desamortizadas en muy pocas manos, pertenecientes a la oligarquía insular. En las islas de señorío (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro) se vendieron todas las propiedades de la Iglesia, incluidas las parroquias y las ermitas, aunque fueron menos afectadas que las de realengo (La Palma, Gran Canaria y Tenerife), donde se concentraban los principales bienes eclesiásticos.